Los gobiernos y las estadísticas.
¿Cuál es la importancia que han dado los gobiernos al desarrollo de las estadísticas, instrumento necesario para la toma de decisiones fundadas? A lo largo de la historia de nuestro país hay numerosos ejemplos que ilustran la falta de información precisa y confiable.
Si se tiene en cuenta a que Bartolomé Mitre fue el primer profesor de estadística, en circunstancias en las que se había reparado en la importancia de la cuantificación de fenómenos y datos de distinta índole y, desde el ámbito gubernamental, con la instrumentación de los censos nacionales, con implicancias relevantes en materia de población, inmigración y estructura social, poco han desarrollado las estadísticas los gobiernos y sus respectivas administraciones, y menos todavía como paso previo a la sanción de leyes sobre aspectos cardinales de la vida argentina. Nos dijo un legislador, en Alemania, a un grupo de profesores argentinos, en una reunión formal, que los proyectos legislativos de envergadura allí eran derivados a las entidades intermedias, y éstas los trasladaban a las bases, y que la información obtenida era cuantificada, con lo cual se generaba una ley que era respetada al tratarse de un producto de cierto consenso.
Más allá de las estadísticas hay imperativos inescindibles de toda buena política
No son suficientes los datos de registros y documentación oficiales, lo cual es comprobable y constituye una constante histórica. He aquí ejemplos significativos: según los antecedentes públicos y oficiales, se trajeron a América tres millones de africanos esclavos; pero dados los monopolios de exportación de las “personas de ébano” establecidos por varias naciones después del descubrimiento de América, el contrabando se hizo ostensible y fue tan intenso que, de acuerdo a estudios realizados, la población negra de América ascendió a ciento veinte millones. Es la realidad y el submundo los que informan con más proximidad a la verdad. Algo similar acontece con los inmigrantes, porque los hay ocultos. Igualmente, en una historia de más de un siglo no se ha sabido con exactitud cuántos inmigrantes fueron deportados por aplicación de la “Ley Negra” de residencia, de principios del siglo XX (ver mi ensayo Historia de una ley negra, en “Todo es historia”, febrero de 1986). ¿Acaso no ha de interesarnos saber cómo el principio “gobernar es poblar” –cuando se necesitaba mano de obra barata – fue reemplazado por otro: “gobernar es despoblar” –para evitar conflictos sociales generadores de derechos sociales-? Reitero que los casos que comento aquí son ejemplos y que las referencias son tan sólo enumerativas.
De modo disperso, separadamente, se fueron realizando estadísticas desde distintos organismos públicos, sectorialmente, de acuerdo con las competencias de cada uno de ellos. La creación de un órgano central, el Instituto Nacional de Estadística y censos (INDEC), debió diversificar el objeto y no limitarlo solamente a ciertos aspectos, y erigirse en un centro de documentación y datos constantemente actualizado, para servir de cimiento a las iniciativas públicas de todos los órganos del poder, especialmente el legislativo.
Información vs. intuición
Existieron tiempos en los que los gobiernos no tenían información precisa de las tierras fiscales rurales, como para ejecutar planes de colonización agraria; tampoco existía esta información con respecto a los estupefacientes, drogas y sicotrópicos, para elaborar las listas de substancias prohibidas, que han sido elaboradas por el Poder Ejecutivo Nacional discrecionalmente, impidiendo un tratamiento legislativo diversificado, para componer una adecuada represión con respeto a los derechos y garantías constitucionales y, mejor todavía, instalar la prevención y una política social para disminuir gradualmente la demanda y formalizar los tratados internacionales que esta materia exige, todo lo cual se compadece con una sabia y prudente política; o bien con respecto a la fluoración del agua y otros alimentos, de acuerdo con la ley sancionada y no aplicada, lo que implicaría cuantiosas inversiones de la Nación -con la consiguiente salida de divisas por causa de la tecnología a utilizar-, cuando algunos países han abandonado esa práctica. En fin, se pueden presentar numerosos ejemplos.
Sin absolutizar el valor de las estadísticas cuantitativas, cabe destacar su relatividad, así como el mal o arbitrario uso que se advierte a partir de los órganos de los gobiernos, parcial y tendenciosamente, por motivaciones de carácter político-sectario, obra de practicones funcionarios al servicio de intereses ilegítimos que no se compadecen, en consecuencia, con el bienestar general.
Prueba de esa relatividad –sin perjuicio de lo cual puntualizo que las estadísticas son generalmente imprescindibles y de suma utilidad- es que existieron momentos en nuestra historia en que algunos gobernantes, valiéndose de la intuición, de la inteligencia, de los sentimientos nacionales, del humanismo en plenitud y de su visión cercana a una suerte de estadísticas cualitativas, supieron gobernar como auténticos estadistas, inexistentes hoy con tales características. Cuando a Hipólito Yrigoyen le preguntaron cuál era su programa, contestó. “La Constitución Nacional” (el ex embajador Ricardo Colombo me comentó, hace mucho, que tenía en su poder un ejemplar de un diario en el que constaba que la respuesta completa de Yrigoyen había sido: “La Constitución Nacional y la Doctrina Social Católica”).
Debemos recordar aquí, con el mismo fin, que, en ocasiones como las que he señalado, más allá de las estadísticas hay imperativos inescindibles de toda buena política, como en el “programa” de El gaucho Martín Fierro:
“Es el pobre en su orfandá,
de la fortuna el desecho,
porque naides toma a pecho
el defender a su raza:
debe el gaucho tener casa,
Iglesia, escuela y derechos.
Mas Dios ha de permitir
que esto llegue a mejorar,
pero se la de recordar
que pa’hacer bien el trabajo
el fuego pa’ calentar
debe ir siempre por abajo”.
Más, los gobiernos no están en general en condiciones de jerarquizar este instrumento necesario del bien común –las estadísticas-, necesario también para el conocimiento del ser nacional y para el desarrollo futuro. Además de no interesarles por estos motivos, tampoco por el cumplimiento del sistema republicano, que debe imperar según la Constitución de la Nación, para ser consecuentes con el deber de informar y orientar a la población y a los protagonistas del proceso económico y de la cultura en general. Del mismo modo, la desvalorización promueve una utilización ligera e irresponsable por quienes se ocupan de la comunicación social y masiva (esto también lo expreso en términos relativos). No es superfluo agregar que hasta los particulares transmiten datos, que a veces son repetidos sin indicación de la fuente y de los métodos utilizados para cuantificar (ver mi libro Matemáticas y ciencia política, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires).
Dejo a salvo, de modo genérico, el quehacer del sector privado y de los institutos del sistema educativo y de investigación científica y tecnológica; particularmente, de nuestras universidades nacionales, públicas no estatales y de relativa autonomía.
Dr. Eduardo Giorlandini
Prof. de Ingeniería Laboral UTN-FRBB
