El impacto socioeconómico de la instalación de grandes superficies comerciales (GSC)
Valentina Viego analiza la metodología empleada por la legislación provincial para medir el impacto socioeconómico que produce el establecimiento de GSC, mostrando además algunas falencias de este procedimiento.
Desde 2001 rige la ley 12.573 en la provincia de Buenos Aires. La normativa establece que la instalación, ampliación y modificación de grandes superficies de venta (como supermercados o hipermercados de alimentos y cadenas de electrodomésticos, materiales de construcción o indumentaria) estará condicionada a los resultados de un estudio de impacto socioeconómico de localización del establecimiento en la ciudad. También alcanza a comercios mayoristas que realicen ventas minoristas. Se exceptúan, en cambio, los mercados concentradores de frutas y verduras y las asociaciones de colaboración empresaria (ACES).
Básicamente, el objetivo de esta regulación es prever el impacto que la instalación o ampliación de GSC podría tener sobre dos aspectos:
a) por un lado, el tejido comercial de la localidad, en términos de posibles cierres, pérdidas de empleo y/o ventas y,
b) b) por otro, posibles aumentos de la variedad de la oferta, impactos en los precios (al aumentar la presión competitiva) y, por ende, el gasto total de los hogares.
En algunos casos (que dependen de la superficie de la GSC y del tamaño poblacional de la ciudad), la normativa exige la realización de un estudio de impacto medioambiental, que analice las probables repercusiones sobre el tránsito urbano y el nivel de ruidos derivados de la iniciativa comercial.
Además, la ley establece que para garantizar la confiabilidad de los resultados, el estudio debe ser realizado por una universidad nacional, con asiento en la provincia de Buenos Aires. En sus comienzos, se permitía que consultoras privadas llevaran a cabo el estudio, pero posteriormente se introdujo esta restricción con el objetivo de evitar resultados que subestimaran el impacto socioeconómico adverso. Actualmente, la universidad que realiza el análisis es elegida por concurso público.
La metodología establecida requiere realizar relevamientos en los hogares y comercios de la zona de influencia del establecimiento, aplicando formularios estructurados a tal fin. De estos relevamientos se puede inferir una serie de datos relevantes como:
a) la cantidad de hogares dispuestos a realizar compras en la nueva (o ampliada) GSC,
b) qué negocios se verían más afectados por la reasignación de compras,
c) las fortalezas y debilidades que visualizan los hogares respecto de la oferta existente,
d) beneficios y perjuicios percibidos por los consumidores por la llegada o ampliación del establecimiento,
e) la situación actual de los comercios existentes en términos de ventas, infraestructura y horarios de atención al público,
f) la ocupación, salarios y condiciones de trabajo en los comercios actuales,
g) los aspectos potencialmente más afectados por la apertura o expansión de la GSC en la visión de los comerciantes.
h) en algunos casos, el nivel de precios de los comercios actuales, detallado por rubros de mercaderías.
Esta información es luego cotejada con los planes del nuevo emprendimiento en materia de ventas, empleo, condiciones de trabajo, salarios, horarios de apertura, variedades ofertadas, etc. Si el resultado es favorable, se otorga un certificado de factibilidad al establecimiento. Esta habilitación implica que el nuevo emprendimiento reproduciría alguna de las situaciones siguientes:
a) pocos cierres con relación a la cantidad actual de negocios
b) creación neta de empleo (medida en términos de empleos perdidos derivados de cierres y reestructuraciones de comercios existentes y empleos ganados derivados de la llegada o expansión de la GSC)
c) aumentos de la variedad y servicios al cliente
d) en los casos donde se relevan precios, menor nivel de precios del establecimiento a instalarse
Naturalmente, el apartado (b) es el de mayor sensibilidad tanto para la población local como para las autoridades. Por ende, es el que más atención y rigurosidad requiere en su tratamiento y estimación.
En suma, resultados adversos en algunos de los items anteriores podrían originar el impedimento oficial de llevar adelante la iniciativa.
Con todo, si bien esta regulación intenta prever posibles impactos negativos sobre el empleo y sobre la infraestructura comercial existente en las localidades, posee algunas fallas metodológicas que debilitan la precisión de los resultados acerca del impacto esperado.
Si bien la normativa es meritoria en sus objetivos (esencialmente evitar una mortandad elevada de pequeños comercios afectados por la GSC) padece ciertas debilidades metodológicas, que afectan a la precisión con la cual es estimado el impacto socioeconómico. Ello se debe a que el estudio se basa en las expectativas de consumidores y de comerciantes. Estas pueden ser coincidentes, o no, con la situación posterior a la concreción del proyecto. Otro elemento de base es la actitud que presuntamente tomarían los negocios, luego de la eventual llegada de un emprendimiento de gran dimensión. En ese caso, la respuesta menos frecuente de los comerciantes suele ser la de apelar a reducir personal, no tanto por la baja prevalencia real, sino más bien por el intento de dar respuestas “socialmente” deseables. Para los propietarios de negocios es preferible sostener que intentarían introducir cambios sin afectar el nivel de ocupación, a reconocer que podrían despedir empleados frente a una caída de las ventas que se derive de una mayor cantidad de competidores. Así, la cantidad de empleos posiblemente afectados por la GSC puede ser subestimada por el estudio, si las respuestas están muy influidas por posturas esperadas más que reales.
Una cuestión vinculada con lo anterior, es la referida a la cantidad de negocios que podrían cerrar sus puertas frente a una caída considerable en sus ventas. En las localidades de menor dimensión, una gran cantidad de establecimientos comerciales son atendidos por sus dueños y sus familiares y sin otro personal en relación de dependencia. En ese caso, el impacto sobre la ocupación derivaría de la decisión de desafectar parientes del comercio si la facturación se redujese. Muchos comercios de organización familiar responden que ninguna caída de las ventas, por mayor que fuese, conseguiría este efecto (es decir, ninguno de los familiares incluido el dueño intentaría buscar un empleo mejor remunerado o abandonar el negocio familiar). Ello se debe a que, probablemente, las alternativas de empleo fuera del comercio familiar son escasas o nulas. Los individuos en esta situación prefieren tener un ingreso bajo a tener que cerrar sus puertas. En ese caso, la conclusión del estudio es que el nivel de empleo no se vería afectado. Sin embargo, ello no es equivalente a afirmar que el impacto sería neutral. Probablemente la caída en las ventas, aún cuando no afectase a la cantidad de trabajadores en el comercio, impactaría sobre el nivel de vida de los dueños y su familia. Y este aspecto no es considerado, al menos explícitamente, en la metodología diseñada.
Un tercer elemento es el referido a los precios. En los casos en que se compara el nivel de precios de los comercios actuales con el que tendría la GSC, el análisis se hace en forma estática. Esto quiere decir que no toma en cuenta las posibles variaciones en el nivel de precios de la GSC, una vez consolidada en la ciudad y posiblemente liderando el mercado. Por otra parte, los precios que se cotejan son los de los comercios actuales contra los de la GSC en el futuro. Cosa que parece, al menos desfasada. Nada asegura que los precios que hoy fijan los comercios se vayan a mantener una vez funcionando la GSC. Es más factible que todos los precios (los de los pequeños comercios y los del nuevo establecimiento) sean revisados luego de la puesta en marcha del nuevo emprendimiento.
En suma, la metodología diseñada por la ley 12.573 para medir el impacto socioeconómico de la instalación de una GSC tiene algunas limitaciones. Estas podrían conducir a subestimar el impacto en el empleo y en el posible cierre de comercios que tendría el establecimiento de una GSC. Ello se debe a que conjeturas de esta clase, realizadas antes de la concreción del proyecto, requieren un análisis pormenorizado y el diseño de distintos escenarios futuros, más que el relevamiento de la situación actual. Este es el desafío que enfrenta cualquier normativa que intente genuinamente limitar la tendencia a la concentración del comercio minorista.
Mg. Valentina Viego
vviego@frbb.utn.edu.ar
Valentina Viego es docente de la Facultad en las carreras de Licenciatura en Organización Industrial y Licenciatura en Desarrollo de Economías Regionales. Ha participado en estudios de las características explicadas en este artículo en localidades como Balcarce, Pehuajó, Coronel Suárez y Junín.
